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El presidente del PPD, Raúl Soto, comentó en El Primer Café el desayuno al que convocó Michelle Bachelet -para este día jueves, en la sede de su fundación, Horizonte Ciudadano- a los timoneles de los partidos de oposición.

El diputado dijo que la decisión de la exmandataria de abrir la puerta a una tercera candidatura presidencial se da en un escenario en que el Gobierno de José Antonio Kast "se está desfondando en su base de apoyo social y político, y la oposición está renaciendo, está reviviendo, está volviendo a posicionarse".

"Qué rol va a jugar cada uno en ese nuevo escenario es lo que está por verse, pero evidentemente que un liderazgo tan importante como la Presidenta Bachelet siempre va a tener un rol de primer de primer orden", señaló Soto. En este contexto, "nosotros vamos a asistir con gusto a este desayuno que nos ha invitado en su fundación, donde yo creo que lo más relevante es conversar respecto del estado del país, ver la opinión de la Presidenta respecto de las distintas materias que se están discutiendo y sus posibles consecuencias en Chile".

El Primer Café, con Cecilia Rovaretti.

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La semana política ha estado marcada por la apertura mostrada por la expresidenta Michelle Bachelet para asumir una nueva candidatura presidencial con el objetivo de aunar a las fuerzas de oposición y combatir los retrocesos de derechos que, afirmó, son parte de las medidas del Gobierno de José Antonio Kast.

La exmandataria habló de buscar la unidad de todo el progresismo, desde el centro a la izquierda. Sin embargo, el excanciller Ignacio Walker, quien formó parte del Gobierno de Ricardo Lagos, afirmó no sentirse convocado, como persona del centro político, por el anuncio de la expresidenta.

"Yo creo que es perfectamente natural, aunque quedan tres años para la elección presidencial, que el Partido Socialista, los partidos de izquierda, estén explorando sus posibilidades presidenciales. Y hay dos en la pole position, que son Michelle Bachelet y Gabriel Boric. El punto es: ¿y quién nos va a convocar a nosotros, a las personas de centro, de centroizquierda? Es un casillero huérfano de representación política", afirmó quien fuera presidente de la Democracia Cristiana.

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El economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, afirmó este jueves en El Primer Café de Cooperativa que el rector de la Universidad Católica defiende los intereses de su institución al cuestionar los recortes contemplados para la educación superior en el Presupuesto 2027, aunque reconoció que las universidades cumplen un papel relevante para el desarrollo del país.

Consultado sobre la carta del rector contra las reducciones presupuestarias, el representante del centro de pensamiento ligado a Renovación Nacional sostuvo que sus planteamientos deben evaluarse considerando las necesidades de otros sectores. "Bueno, la carta del rector (...) tiene su mérito, pero es un incumbente y él está peleando por su chiringuito, por decirlo en términos supercoloquiales. Cada peso que tú le pones a educación, se lo estás sacando a otros sectores que son también dolores, entre comillas, para la sociedad", expresó.

Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos del rector UC, Juan Carlos de la Llera, quien pidió rechazar los recortes a las universidades y advirtió que comprometen las posibilidades de desarrollo del país.

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El diputado de Evolución Política Jorge Guzmán opinó en El Primer Café que la calidad de imputado que pesa sobre el embajador Gabriel Zaliasnik en el caso Hermosilla obliga a su salida del cargo.

"A misma razón, misma disposición: a mí me ha tocado en los anteriores cuatro años referirme a situaciones de personas que estaban en la agenda pública sometidas a investigaciones, imputadas, y si bien es cierto hay una presunción de inocencia respecto a estas personas, yo siempre he sido muy categórico en que no pueden seguir ejerciendo funciones desde el Estado mientras son investigados por hechos que pueden ser constitutivos de delito", dijo Guzmán.

Más dura fue la diputada frenteamplista Emilia Schneider: "Esto no solo es grave porque afecte la imagen internacional de nuestro país; por tener a una persona imputada por estar trenzada con las redes de corrupción, mencionada por Luis Hermosilla en el nombramiento de jueces", señaló.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, apuntó que "los estándares políticos y éticos de la diplomacia son más altos que los alcances del tema penal". El caso Hermosilla es una "investigación especialmente grave, de gran envergadura, importancia y relevancia por la afectación que significa haberse inmiscuido en (los nombramientos de) un poder del Estado".

Discrepó de estas opiniones el diputado republicano José Carlos Meza, quien puso énfasis en que la calidad de imputado de Zaliasnik nace de una querella presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri. "Mientras no exista una decisión institucional que se materialice en una actuación judicial por parte del Ministerio Público, esto, para mí, no pasa de ser una movida o una jugada política... En el momento en que exista una formalización, obviamente que cambia el escenario", dijo Meza.

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La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, opinó en El Primer Café que sería "una maldad enorme" que el Gobierno haya quitado fondos al programa "Yo elijo mi PC" como una estrategia distractiva respecto a otros recortes contenidos en su proyecto de Presupuesto 2027. 

"Si fuera así, yo creo que es de una maldad tan enorme, porque la pena que han causado en los niños y en las familias de nuestro país es tremenda. Si es una estrategia, qué triste estrategia", enfatizó la timonel PS.

La senadora por la Región del Maule también puso foco en la solicitud de autorización de endeudamiento adicional por hasta 25 mil 600 millones de dólares formulada por el Ejecutivo. "El tema del endeudamiento me parece bien grave, porque la primera autorización de endeudamiento que tuvimos fue post Ley de Reconstrucción -la reforma tributaria-, y se adujo que había que pagar intereses y gasto. Y ahora, otra vez (lo mismo). Entonces, es como el Pepito paga doble; ese juego que se hace en la calle, y nos cobran dos veces la misma plata", criticó.

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El director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Ubilla, defendió este lunes en El Primer Café las críticas de Evelyn Matthei al Gobierno y cuestionó la respuesta del diputado republicano Diego Vergara a la excandidata presidencial. El panel abordó los cuestionamientos de Matthei a la organización del Ejecutivo y a los recortes presupuestarios que afectan la entrega de computadores a escolares.

Para Ubilla, "lo que dice Evelyn Matthei se entiende mucho más como una invitación a producir cambios en los procedimientos de Gobierno, que es legítimo". Sobre las diferencias dentro del oficialismo, el representante de Libertad y Desarrollo sostuvo que "una más tradicional que tiene un rol muy relevante desde la transición a la democracia en adelante y otra que emerge (...) ¿piensan igual? No piensan igual. Pero fueron capaces de ponerse de acuerdo para apoyar a un candidato que venía de esta nueva derecha".

El presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz, sostuvo que los cuestionamientos no son exclusivos de Matthei, y mencionó las críticas de otras figuras del oficialismo a distintas decisiones del Gobierno. Entre ellas está la eliminación de "Yo Elijo Mi PC", una medida que también motivó que diputados de la UDI expresaran su "profunda preocupación" por los recortes en educación.

El director ejecutivo de Fábrica Chile ligada al Partido Liberal, Nicolás Freire, planteó que el capital político de Matthei le permite expresar públicamente críticas que otras figuras de la derecha tradicional tienen menos espacio para formular. "No todos quienes militan en los partidos de la derecha tradicional pueden permitirse hacer lo que hace Evelyn Matthei", señaló.

El director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, sostuvo que Matthei conserva capital y vigencia política, y que las críticas desde el propio sector son un fenómeno habitual en los gobiernos. "No estoy diciendo que ella esté pensando ser candidata de nuevo, pero de que tiene un capital político, una vigencia política, una voz, ella la tiene", afirmó.

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El exministro Cristián Monckeberg llamó al Gobierno a concretar de inmediato el retiro de la reforma constitucional de seguridad, como una señal que permita destrabar las conversaciones y construir un acuerdo con la oposición. En El Primer Café de Cooperativa, el exsecretario de Estado valoró la disposición del Presidente José Antonio Kast a retirar la iniciativa y sostuvo que materializar ese gesto podría facilitar la negociación.

Consultado sobre si retiraría inmediatamente el proyecto, Ignacio Walker respondió: "Por supuesto", y cuestionó que el Gobierno haya persistido en una iniciativa que, a su juicio, carecía de respaldo desde el comienzo. "Nunca hubo agua en la piscina para este proyecto. Todavía no sabemos quién escribió este proyecto, es un proyecto sin autoría", afirmó.

Por su parte, Nicolás Eyzaguirre valoró la apertura de Kast y respaldó la propuesta de Monckeberg, pero advirtió que ese gesto también debe tener una respuesta de la oposición. "Y si se complementa con la muy buena sugerencia de Cristián Monckeberg de que lo retire ya, si la oposición no se allana a un consenso, yo voy a ser el primero en criticar a la oposición. Creo que ese es el buen camino y la propuesta de Monckeberg es muy buena", señaló.

Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, coincidió en que la reforma presentada por el Gobierno tenía deficiencias, pero cuestionó que la discusión política siga concentrada en si debe retirarse antes de avanzar hacia una alternativa. "Concuerdo que el proyecto que presentó el gobierno tenía serias deficiencias y no debiera tramitarse ni aprobarse. Pero esta discusión de que si se retira, que no se retira... ¡pónganse a trabajar!", expresó.

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El panel de economistas de El Primer Café abordó un nuevo resultado negativo del Imacec, con la caída de 1% de la actividad económica en agosto marcada por un retroceso de 17,4% en la minería, y discutió el peso del contexto internacional y de las decisiones internas en el deterioro.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, afirmó que es "un balde de agua fría nuevamente. La verdad es que es una variación de la actividad económica bastante negativa, muy influenciada por minería, que se desploma nuevamente con una caída anual de 17%".

Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, sostuvo que las cifras se ubicaron en el escenario más desfavorable de las estimaciones y que el crecimiento de los demás sectores sigue siendo bajo. "La verdad es que yo creo que este año ya económicamente es un año perdido en términos de crecimiento. Sabíamos que el crecimiento iba a ser bajo este año, va a ser peor de lo esperado", señaló.

El presidente de Chile 21, Carlos Ominami, sostuvo que el país enfrenta un estancamiento y cuestionó que las dificultades internacionales sean consideradas la única explicación. "Es muy cierto de que han habido circunstancias internacionales que complican, que agravan la situación", reconoció, aunque destacó que el aumento del precio del cobre constituye un factor favorable para Chile.

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Claudio Agostini advirtió que la preocupación debe ir más allá de un resultado mensual y considerar la persistencia del bajo crecimiento y los problemas de productividad. "A mí me parece aún más preocupante el desempleo. Esa es la realidad de mucha gente todos los días, todas las mañanas, y eso es tremendo", sostuvo.

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Las recientes revelaciones y declaraciones judiciales del abogado Luis Hermosilla han abierto un nuevo flanco en el debate nacional, luego de que el profesional diera a conocer el pago en efectivo de cerca de 100 UF mensuales (unos 4,2 millones de pesos al valor actual) a él y su colega Samuel Donoso durante el segundo mandato de Sebastián Piñera para realizar seguimiento a causas judiciales del estallido social y la pandemia.

La falta de contratos formales, la ausencia de boletas de honorarios y la mención de figuras como el exministro del Interior Andrés Chadwick son parte de los detalles que pueden generar impacto en la imagen del fallecido exmandatario.

En El Primer Café de Cooperativa la exministra del Trabajo y hoy secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, enfatizó la gravedad de los hechos: "Yo creo que es urgentísimo aclarar el rol del Presidente Piñera en esta materia, que ha sido de alguna manera involucrado por Luis Hermosilla. Me imagino que debieran ser Chile Vamos y en particular Renovación Nacional quienes aclaren esto".

En contraste, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán, desestimó que el pago por asesorías profesionales constituya en sí mismo un delito por parte de quien contrató el servicio, atribuyendo la falta exclusivamente al emisor del documento tributario.

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó el caso como un ataque directo a la institucionalidad democrática y rechazó cualquier intento de minimizar lo ocurrido: "Este es uno de los casos de corrupción más graves que se han visto en nuestro país y me parece que tratar de decir que no es tan complicado muestra que no tenemos memoria".

El vicepresidente de la UDI Eduardo Cretton se refirió también a la vinculación que hizo Hermosilla con el exministro del Interior Andrés Chadwick, histórico militante del gremialismo: "Yo condeno absolutamente todos los escándalos de corrupción en nuestro país, ya sean del poder político, del Poder Judicial, donde sean. Lo que también creo que es importante es que acá quién va a determinar o no una eventual formalización no somos nosotros; son las instituciones y, por lo tanto, acá lo que tiene que haber son investigaciones rigurosas y que le caiga el peso de la ley a sea quien sea que haya cometido un escándalo de corrupción".

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Luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentara el lunes su plan "Chile despega con más pega", con el que busca enfrentar la crisis de desempleo en el país, el timonel del PPD, diputado Raúl Soto, afirmó que la propuesta "va en el camino correcto" e incluso opinó que se trata de una iniciativa "profundamente progresista".

En El Primer Café de Cooperativa el diputado Soto reconoció que "Chile está en una grave y profunda crisis laboral y económica. Desde la oposición tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Me parece que la señal va en la dirección correcta. En términos generales, incluso podría decir que se trata de una propuesta profundamente progresista, basada en tres ejes: subsidios estatales, inversión pública y apoyo a las pymes".

Frente a la tesis de un cambio de eje ideológico, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) descartó que el uso de herramientas estatales represente un giro doctrinario: "El crecimiento económico es el que da los empleos a largo plazo. El Estado no puede sostener eternamente una economía, sino que es la creatividad, la inversión privada, las pymes los que generan el trabajo en Chile. Y por lo tanto, bajo esa premisa de todas maneras tenemos que entender hoy día que hay una realidad de una emergencia en materia de empleo que requiere tomar medidas".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, Lautaro Carmona afirmó que como parte de la oposición defenderán los derechos laborales ganados durante el gobierno de Gabriel Boric: "Vamos a estar muy atentos es que no sea a costa ni del salario de los trabajadores ni de las condiciones de estabilidad laboral que hacen falta consolidar, porque no puede ser que sobre la espalda de ellos cargue cualquier ajuste".

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo valoró también la iniciativa de La Moneda y afirmó que recoge planteamientos hechos previamente por su partido y que serán importantes mientras se consiguen los efectos esperados de la ley de Reconstrucción Nacional.

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La incorporación de Chile a la iniciativa regional de seguridad conocida como "Escudo de las Américas" ha desatado una serie de discusiones acerca de la política exterior de nuestro país, especialmente en lo que respecta a la soberanía nacional frente a Estados Unidos, gestor de este grupo con gobiernos afines a su presidente, Donald Trump.

En El Primer Café de Cooperativa, Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior de Sebastián Piñera y director del área política de Libertad y Desarrollo, argumentó que no hay ningún peligro para la soberanía nacional: "Aquí las cosas son lo que son: no es un tratado, por lo cual no hay pérdida de soberanía. Cuando hay pérdida de soberanía es porque o se pierde soberanía por la fuerza o se cede soberanía sobre la base de un tratado, y ese tratado tiene que pasar necesariamente por el Congreso".

En la misma línea, el director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, sostuvo que los cuestionamientos responden a una instrumentalización política por parte de la oposición: "Lo importante de esto es si esta cuestión tiene finalmente una implicancia jurídica para nosotros. Y la verdad es que no: esto no es un tratado y, por tanto, no obliga. Los tratados requieren pasar por el Congreso".

Luis Ruz, presidente del directorio del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, advirtió que la iniciativa impulsada por Washington excede con creces la cooperación policial y amenaza la inserción internacional de Chile, particularmente los lazos comerciales con socios como China.

Ricardo Solari, presidente del Instituto Igualdad, alertó sobre las consecuencias de un alineamiento ideológico con la administración de Donald Trump: "Lo que está aquí en tela de juicio es la acción de un gobierno que por afinidad ideológica está caminando demasiado rápido a un punto que es extremadamente peligroso". Y apuntó contra el gobierno estadounidense: "Esta gente, los que han guiado toda esta política, tiene una gran voluntad de materializar su doctrina, que dice que América Latina es el patio trasero de su país, dicho textualmente, escrito por ellos".

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El exministro Cristián Monckeberg (RN) afirmó en El Primer Café de Cooperativa que la declaración de Michelle Bachelet y Gabriel Boric contra la adhesión de Chile al Escudo de las Américas le sonó a una "pasada de cuenta", especialmente en el caso de la expresidenta.

Los exmandatarios llamaron al Gobierno a reconsiderar la permanencia de Chile en la iniciativa. Al comentar esa declaración, Monckeberg sostuvo: "Me sonó como a pasada de cuenta, sobre todo de la presidenta Bachelet", y vinculó su impresión con la fallida candidatura de la exjefa de Estado a Naciones Unidas. El exministro de Renovación Nacional dijo que, a su juicio, en la postura de Bachelet percibió "una suerte como de 'aquí me las voy a cobrar'".

El exministro de Defensa José Antonio Gómez (PR) cuestionó que se atribuyera a Bachelet una motivación de ese tipo. "No se puede pretender decir que la declaración (...) tiene una situación subalterna de pasada de cuentas por no haber sido apoyada a su cargo en la Organización de Naciones Unidas", afirmó.

Nicolás Eyzaguirre (PPD), exministro de Hacienda, respaldó esa crítica, afirmando que "rebajar así a la presidenta suponiendo intenciones de venganza o de resentimiento no corresponde", señaló. Agregó que la declaración de los expresidentes ayuda a debatir los alcances de la adhesión chilena.

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En El Primer Café, economistas debatieron sobre la decisión del gobierno de José Antonio Kast de sumarse al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos y que puede tener una serie de implicaciones en materia geopolítica.

El economista Rodrigo Wagner, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, planteó que "Estados Unidos no quiere que ciertos servicios digitales directos sean controlados directamente por China, sin pasar por otras etapas. Si eso va a ocurrir, a veces es mejor saberlo desde el principio para no terminar en problemas diplomáticos al final".

Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la U. de Los Andes, manifestó que "el aspecto más positivo para Chile de esta firma es en materia de seguridad y control del crimen organizado, porque ya queda bastante claro que Chile tiene capacidades de inteligencia que están siendo insuficientes, y además este tema es transnacional, por lo que esa cooperación yo la veo como un aspecto positivo y necesario".

Para Rodrigo Echecopar (FA), "hay un problema de comunicación, que obviamente genera desconfianza, suspicacias, porque el comunicado que sacó Cancillería estuvo enfocado en crimen organizado (...) después se ve contrastado con este comunicado mucho más largo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que demuestra que tiene un alcance bastante mayor".

Finalmente, la economista Macarena García (LyD) comentó que "no hay que dejar fuera el tema de seguridad, porque a estas alturas tiene un impacto económico relevante. Hasta el minuto no hay nada claro, si efectivamente va a ser muy restrictivo, poco restrictivo, qué nos impone. Yo creo que en eso hay que imponer los límites y eso hay que hablarlo internamente".

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El rechazo por un voto de la reforma constitucional sobre detención para ejecutar expulsiones administrativas enfrentó en El Primer Café a los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Constanza Schönhaut (FA). La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones: le faltó un respaldo para alcanzar el quorum requerido.

Guzmán calificó el resultado como un revés para la seguridad y cuestionó que algunos parlamentarios no respaldaran en la Sala un texto que habían apoyado durante su tramitación. "La izquierda se dio un lujo, pero no un lujo para complejizar o para atacar al Gobierno, sino un lujo simplemente para ganar un punto que perjudica la seguridad de Chile", afirmó. Reconoció, a la vez, que faltaron votos de la derecha.

Schönhaut confirmó que votó en contra. Sostuvo que la reforma permitiría avanzar hacia una retención de hasta 30 días para las expulsiones administrativas, mientras dejaba para una ley posterior aspectos como la intervención judicial y las condiciones de aplicación. "Se dice retención, pero en el fondo era básicamente pasar, para las expulsiones administrativas, a poder detener a la gente sin control judicial durante 30 días", planteó.

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Las medidas aplicadas por gobiernos anteriores volvieron al debate político como posibles herramientas para enfrentar la crisis del empleo, luego de que Renovación Nacional propusiera recuperar políticas utilizadas durante la segunda Administración de Sebastián Piñera. La colectividad planteó reactivar los subsidios directos al empleo y el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), iniciativas cuyo costo fiscal bordearía los 1.000 millones de dólares.

El diputado de RN Diego Schalper resumió la propuesta como la necesidad de "piñerizar" las decisiones económicas, mientras la presidenta de la colectividad, Andrea Balladares, pidió al Ejecutivo "meterse la mano al bolsillo" para responder a la emergencia laboral.

Al respecto, el también diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, relativizó la expresión "piñerizar" y puso el foco en las propuestas elaboradas por exministros y especialistas vinculados a su partido. El parlamentario advirtió que los resultados de las reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo no serán inmediatos y defendió la aplicación de políticas que permitan responder a la contingencia. "Hoy día no podemos esperar un año para que el empleo siga cayendo y las familias sigan viviendo la angustia del desempleo", enfatizó.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, coincidió con Renovación Nacional en la necesidad de adoptar medidas inmediatas y acusó al Gobierno de actuar con "indolencia" y desconexión frente a la situación económica de las familias. La senadora sostuvo que las propuestas de RN apuntan en una dirección similar a medidas impulsadas por su sector, pero rechazó atribuir este tipo de políticas exclusivamente al expresidente Piñera. "Yo creo que es una buena cuña. Yo también podría decir 'bacheletizemos' o 'laguizemos'", respondió.

El diputado republicano Agustín Romero descartó que la propuesta revele una disputa dentro de la coalición de Gobierno y afirmó que debe ser analizada de buena fe, considerando la situación de las familias afectadas por el desempleo. El parlamentario advirtió que la responsabilidad fiscal sigue siendo relevante, pero sostuvo que este principio no puede transformarse en "inmovilismo".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, planteó una fórmula diferente y puso el foco en garantizar los ingresos de los trabajadores para estimular la actividad económica. A su juicio, la crisis requiere políticas de corto plazo que permitan una recuperación más rápida mediante inversión estatal, especialmente a través de obras públicas y la finalización de proyectos de infraestructura sanitaria y educacional. "Todo lo que sea hacer caminar la economía por la vía de inyectarle un incentivo tiene que ser bienvenido", sostuvo.

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La fallida candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas provocó recriminaciones cruzadas en El Primer Café: desde los centros de pensamiento acusaron, por una parte, "pequeñez política" del Gobierno de José Antonio Kast y, por otra, insistieron en que la postulación ya estaba "herida de muerte". La discusión se produjo luego de que excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores responsabilizaran al Ejecutivo por el desenlace y acusaran que Estados Unidos se negó a recibir a la exmandataria durante su campaña.

El presidente del Instituto Igualdad, Ricardo Solari (PS), dijo compartir los cuestionamientos expresados por las exautoridades y el senador Ricardo Lagos Weber, afirmando que "la acción de quitar el respaldo a esa candidatura por parte del Presidente Kast simplemente va a quedar como un dato de la pequeñez política en la historia de nuestras relaciones internacionales con mayúscula".

El presidente de Democracia y Comunidad, Luis Ruz (DC), coincidió con las críticas y sostuvo que la candidatura debía ser entendida como una iniciativa del Estado de Chile, más allá de las diferencias políticas con Bachelet. Ruz planteó que, "más allá de las ideas políticas en particular de Michelle Bachelet, no hay duda que era la mejor candidata que el país tenía para una responsabilidad de esta envergadura".

Desde Ideas Republicanas, su presidente, Álvaro Pezoa, defendió la decisión del Mandatario y atribuyó responsabilidades al Gobierno del expresidente Gabriel Boric por no haber involucrado a Kast en la postulación cuando ya era presidente electo. "Aquí hay errores de manejo del presidente anterior, que teniendo ya un presidente electo no lo incluyó", cuestionó.

El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, calificó como "triste" el término de la candidatura, pero sostuvo que las responsabilidades no pueden atribuirse únicamente al actual Presidente. "Me parece que son los primeros responsables en reflexionar sobre la forma en que termina la candidatura de la expresidenta Bachelet quienes la impulsaron, me refiero no solo al Presidente Boric, me refiero también a su equipo", señaló. Arqueros añadió que, si la posición de Kast era determinante para el futuro de la postulación, "la pregunta es por qué se hizo a espaldas del presidente electo".

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El exministro Cristián Monckeberg(RN) planteó en Cooperativa que la sumatoria de errores que ha tenido este gobierno ha minado "ánimos y confianzas" en la derecha, aunque calificó como una "buena señal" la autocrítica mostrada por el Presidente Kast en su paya dieciochera.

En El Primer Café, Monckeberg aseveró que el Mandatario "asume de manera folclórica las dificultades de gobernar, 'otra cosa es con guitarra' es muy cierto, y cuando el mismo Presidente hace ese mea culpa o reflexión, llámenlo como quieran, evidentemente es una señal importante, no solamente para el país sino que para quienes están gobernando".

Por su parte, el diputado republicano Luis Sánchez recalcó que en las últimas semanas "hemos estado viendo varias señales del carácter con el que llegó el gobierno, que es este sentido de urgencia, de emergencia, de la necesidad de abordar las grandes crisis como el desempleo, la caída de la inversión".

En la oposición, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) recordó que "este gobierno asumió con una contradicción existencial, que es que dijo que era un gobierno de emergencia y citó el tema económico y de la delincuencia como los dos ejes, y ambos temas requieren de soluciones estructurales, que no son de corto plazo y es más, requieren de equilibrios transversales".

Finalmente, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, manifestó que "siempre es bueno que el Presidente y las autoridades en general sean autocríticos, yo lo que veo ayer de la paya y recojo es eso, sobre todo teniendo en consideración que hay 48 autoridades que han dejado su cargo en el gobierno de José Antonio Kast, entre seremis, ministras, subsecretarios".

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La exministra del Trabajo, Alejandra Krauss (DC), indicó que la ciudadanía eligió a José Antonio Kast para mejorar la situación laboral del país, con "tasas de desempleo altísimas", por lo que se necesitan "resultados rápidos" que no se han logrado hasta el momento.

La diputada Constanza Schönhaut (FA) indicó que en "el gobierno del Presidente Boric no se destruyeron empleos; se crearon 700 mil empleosy además se tuvo la mayor baja en materia de trabajo informal, y creo que eso es importante (...) hago un llamado a que miremos qué es lo que se hizo en el gobierno del Presidente Boric y que también contribuyó a estos dos objetivos, que es lo que todos estamos buscando".

Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó que "estamos viviendo una situación de emergencia laboral, como dice el Presidente de la República. Hay políticas públicas que son a corto plazo, unas a mediano y otras a largo, pero me parece que el subsidio directo que alguna vez dio el Presidente Piñera para mantener y generar empleo es algo que se tiene que hacer ahora, porque efectivamente, uno lo ve en nuestros distritos, el tema del desempleo es realmente brutal (...) hay un problema grande".

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, sostuvo que "seis meses es muy poco tiempo para poder hacer algún tipo de análisis de largo plazo. Lo que yo veo es un gobierno que tomó una decisión de hacer cambios estructurales complejos, costosos, de largo plazo, que van a implicar un costo político y no tienen miedo a tomar esas decisiones, y eso se ve en lo que tiene que ver con reducción de costos del Estado".

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El presidente del PPD, Raúl Soto, cuestionó en El Primer Café los eventuales indultos que analiza el Gobierno y alertó que su concesión podría afectar gravemente la gestión del Presidente José Antonio Kast, tal como ocurrió durante la Administración de Gabriel Boric.

"Creo que el Presidente Kast cometería el mismo error, por el otro lado de la vereda política, que cometió el presidente Gabriel Boricen su momento cuando descuidó y dinamitó la posibilidad de un acuerdo nacional de seguridad indultando a presos del estallido social", planteó.

El diputado republicano Alejandro Riquelme recordó que Kast descartó conceder un indulto general y optó por analizar individualmente cada solicitud. "Esa revisión está en proceso, y esa es una facultad exclusiva que tiene el Presidente de la República", afirmó, junto con expresar su confianza en que el Mandatario la ejercerá "en el momento preciso y con los antecedentes arriba de la mesa".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que "no pueden haber indultos para responsables de crímenes de lesa humanidad", pues aquello significaría "un retroceso en el concierto internacional".

En tanto, Luis Pardo (RN) pidió incorporar la dimensión humanitaria al debate, especialmente cuando se trata de condenados con enfermedades terminales o un grave deterioro de salud.

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El presidente del directorio del Instituto Igualdad y exministro del Trabajo, Ricardo Solari (PS), responsabilizó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast de haber instalado "un pesimismo profundo" en el país y sostuvo que el alza de los combustibles y el ajuste fiscal tienen a Chile "al borde de una recesión".

El presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz (DC), sostuvo que "el Gobierno llega a este primer 18 de septiembre de su mandato con un balance limitado, mediocre, si uno lo pudiera definir". Según Ruz, "hay improvisación, hay inestabilidad del gabinete y también hay un déficit que se demuestra en el exceso de expectativas generadas y que no se han cumplido".

El director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo y exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, defendió la apuesta del Gobierno de concentrar las reformas económicas en el primer año y destacó que las cifras de homicidios y delitos violentos "van en el sentido correcto". Sin embargo, precisó que esa disminución "se inició el año pasado, es decir, el último año del gobierno anterior", y reconoció falencias en la gestión política del Ejecutivo.

El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, sostuvo que "el Gobierno en eso ha sido coherente con su discurso. Este es un gobierno que se ha caracterizado por tomar decisiones difíciles y hablar con la verdad a la ciudadanía".

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Cristián Monckeberg respaldó este viernes en El Primer Café la decisión del Presidente José Antonio Kast de no realizar actos oficiales de conmemoración del golpe de Estado de 1973.

El 11 de septiembre "es una fecha que puede enredar al sector que hoy día gobierna -que es mi Gobierno- porque pueden salir opiniones diversas, distintas, complejas", señaló en Cooperativa el extimonel RN.

"En algún minuto tenía que ocurrir, y a lo mejor éste era el minuto (adecuado para) que ocurriese. ¿Significa eso olvidar nuestra historia? No, por ningún motivo, porque todos sabemos que cuando uno olvida la historia, los errores se repiten parecidos", pero desde la visión del actual Ejecutivo, "es una decisión pragmática, correcta y muy respetable", que "no significa ningunear la fecha", insistió.

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Luis Eduardo Escobar, exjefe económico de la campaña de Jeannette Jara, hizo en El Primer Café una muy crítica evaluación del manejo de Gobierno de José Antonio Kast, con foco en la gestión de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Al comentar en Cooperativa la seguidilla de malas cifras en empleo, inflación y crecimiento -incluida la proyección del Banco Central de un techo de 0,75 por ciento para este año-, el economista de la fundación Chile 21 afirmó que "si uno mira atrás y ve, digamos, a fines del año pasado, nadie esperaba lo que estamos viendo" ahora.

En ese momento, "lo que se veía venir era una mejora importante en el precio del cobre; (se presumía) que cualquiera que hubiera sido el Gobierno electo iba a destrabar los procesos de aprobaciones, de permisos; entonces (lo que está sucediendo) es una sorpresa desagradable y muy preocupante, pero que tiene explicaciones".

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El diputado republicano Alejandro Riquelme pronosticó en El Primer Café que las malas cifras de empleo, con una cesantía que alcanza al 9,5 por ciento, no mejorarán en Chile antes del próximo año. Según el parlamentario, todo el Congreso, incluidos los partidos de Chile Vamos, deberían "hacer un mea culpa" por haber aprobado las leyes que elevaron los costos de contratación, dado que "han sido negativas" y los frutos de la Ley de Reconstrucción, "como el propio ministro Jorge Quiroz ha reconocido, no son a corto plazo, sino más bien a mediano o largo plazo".

El diputado UDI Eduardo Cretton intervino en el debate señalando que "buenos derechos laborales no son incompatibles con buenas oportunidades de trabajo", pero "se necesita para eso un país que crezca y no esté estancado". Cretton agregó que "quizás nos ha faltado entender que para generar empleo de forma rápida, la construcción y las obras públicas son un buen mecanismo. (...) Me parecería muy importante que el Gobierno entendiese esto y tratemos de hacer un esfuerzo grande por avanzar con obras públicas y por avanzar en temas de vivienda" en lo venidero.

La diputada frenteamplista Constanza Schönhaut hizo presente que hoy "tenemos la peor cifra en 15 años", y señaló que el escenario "está agravado por las decisiones de este Gobierno". "A confesión de parte, relevo de prueba: cuando nosotros decimos que las políticas de empleo de este Gobierno son antiderechos de los trabajadores, (lo mismo) lo acaba de señalar Alejandro: decirle a la gente que tiene que tomar la decisión de si quiere tener empleo o (en cambio) quiere tener buenas condiciones laborales, no es a lo que está llamado ningún político en Chile, sea de derecha o de izquierda", afirmó.

Para la exministra del Trabajo y hoy secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, las malas cifras demuestran que "este nuevo Gobierno no le entregó al mercado ni a los empleadores ni a los inversionistas la tranquilidad que se pensaba que iba a ocurrir". Dicho descalce "mantiene este escenario del mercado del trabajo con destrucción de empleo, que es tremendamente complejo".

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Los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Agustín Romero (Partido Republicano) criticaron con duros términos, este martes en El Primer Café, la interpelación impulsada por sus colegas de oposición contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El canciller deberá comparecer ante la Sala de la Cámara Baja el próximo 28 de septiembre, en un ambiente de generalizadas críticas respecto a lo que se ha calificado como una postura débil frente a las presiones del Gobierno de Estados Unidos y las declaraciones de autoridades argentinas respecto al control del Estrecho de Magallanes.

Guzmán afirmó que la actitud del diputado socialista Nelson Venegas -promotor de esta ofensiva- es "errática, confusa e incluso poco patriótica". "Es inédito que se interpele a un ministro de Relaciones Exteriores para conocer públicamente cuáles son sus ideas y lineamientos respecto a un determinado conflicto internacional. ¿Y por qué es inédito? ¿Por qué no se hace? Justamente porque éstas son políticas de Estado más que de Gobierno, y deben abordarse con cautela, con rigurosidad, para que no produzcan un efecto en las relaciones internacionales", señaló el jefe de la bancada Evópoli.

En la misma línea, pero con mayor énfasis, intervino Agustín Romero: "Para mí esto es de una irresponsabilidad increíble. Yo creo que hace mucho tiempo no tenemos una oposición tan irresponsable, que además de ser  irresponsable tiene un defecto peor: no tiene ninguna propuesta. Yo quisiera saber cómo esta interpelación va a defender los intereses de Chile... Si esta interpelación es dura, muy rigurosa, ¿los intereses de Chile quedarán satisfechos? ¿Quedarán defendidos?", se preguntó.

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El Primer Café de Cooperativa de este lunes comenzó con un transversal reconocimiento al histórico líder socialista Camilo Escalona, fallecido el viernes a los 71 años de edad como consecuencia de un cáncer de próstata.

"Camilo Escalona recuerda lo mejor de la Concertación", señaló el director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros. "Yo quisiera destacar, al recordar a Camilo Escalona, todas las virtudes políticas, todo el aporte que le hizo al país... A mí me recuerda, básicamente, que la transición democrática en Chile no fue tan mala como se ha dicho; y de otro lado, que hubo en un tiempo un discurso del mundo socialista que fue muy relevante y gravitante, protagonista para los grandes cambios del país, que hoy día -con respeto lo digo- se echa de menos", planteó.

Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad (centro de pensamiento de la Democracia Cristiana), opinó que "Camilo Escalona pertenece a la categoría de políticos que construyen o marcan épocas, como don Gabriel Valdés", fallecido un día como hoy hace 15 años.

"Camilo Escalona es un líder que superó con creces su militancia partidaria y se le va a recordar como una persona que tuvo el coraje, la claridad para poner siempre (por delante) el bien de Chile, llegar a acuerdos, incluso yendo en contra de su propio partido, su propia gente, lo que en política es muy difícil", aseveró Ruz.

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El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) afirmó en El Primer Café que el presidente argentino, Javier Milei, vino a Chile a "volvernos a vender el lenguaje de la Guerra Fría", luego de que el mandatario reivindicara el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura cívico-militar, que se extendió por 17 años.

Durante su participación en el Foro Madrid, Milei sostuvo que, tras el "derrocamiento del comunista (Salvador) Allende", Chile entró en una etapa de estabilidad y crecimiento que se prolongó durante más de 40 años. Eyzaguirre advirtió que esa interpretación vuelve a una lógica de confrontación que Chile había comenzado a superar con el retorno de la democracia.

El excanciller Ignacio Walker coincidió con las críticas y aseguró que "no hay nada rescatable del paso del presidente Javier Milei por Chile". Cuestionó "ese lenguaje soez, agresivo y destemplado al que estamos acostumbrados" y rechazó que el futuro político de Chile pase por "el estilo, la retórica incendiaria de Milei" o por "esta ultraderecha internacional".

El diputado republicano Luis Sánchez, quien participó en el Foro Madrid, planteó que las palabras del gobernante argentino deben interpretarse considerando la situación interna de su país. "A Milei hay que entenderlo considerando la realidad de Argentina", dijo el parlamentario, quien aludió a los gobiernos kirchneristas para explicar las posiciones del mandatario.

Cristián Monckeberg (RN), en tanto, afirmó que el Presidente José Antonio Kast enfrentó una situación compleja debido a la participación de Milei y a la intensidad de su discurso. A su juicio, Kast consiguió cerrar el encuentro con un mensaje más institucional y centrado en las prioridades por las cuales fue elegido. "El huracán Milei dejó que hablar y, por lo tanto, creo que el Presidente José Antonio Kast hace lo razonablemente prudente de poner la pelota en el piso", señaló.

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Este jueves y viernes se desarrolla en Santiago la reunión del Foro Madrid, grupo creado por la Fundación Disenso, ligado al partido de extrema derecha español Vox, y en el que participan los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y Argentina, Javier Milei, entre otros representantes políticos de sectores afines a la colectividad hispana.

De cara a este encuentro, economistas chilenos debatieron en El Primer Café de Cooperativa los posibles alcances de la cita y apuntaron a que se trata más bien de una cita vinculada a la política y no al manejo económico de los países, más allá de que se apunte a que se trata de líderes que se definen como representantes de la Escuela Austriaca en dicha materia.

Para Pablo García, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex vicepresidente del Banco Central, el uso de la etiqueta "Escuela Austriaca" tiene una carga más ideológica que técnica. Según explicó, "la Escuela Austríaca surge en los años 30 como una especie de oposición a la socialdemocracia del New Deal. Lo veían como casi un filocomunismo. Entonces, cuando dicen la Escuela Austríaca, en realidad lo que están diciendo es anticomunismo".

Por su parte, Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, advirtió sobre la heterogeneidad del grupo que se reúne en Chile, señalando que la etiqueta "liberal" no es uniforme.

En una línea similar, Rodrigo Echecopar, economista de Rumbo Colectivo, centro de pensamiento del Frente Amplio, sugirió que el foro responde más a un "manual político" que a una propuesta económica coherente.

Y Pablo Eguiguren, director de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, hizo la distinción entre este foro y el que tuvo lugar el miércoles en Buenos Aires, denominado "Vientos de cambio": "El de Buenos Aires es un poco más académico, está invitado el premio Nobel de Economía James Heckman; y el Foro Madrid es más bien de los partidos políticos, en este caso Vox, que es como el partido español que organizó o que lidera la organización".

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Este jueves y viernes se desarrollará en Santiago una reunión del Foro Madrid, grupo internacional creado por la Fundación Disenso, centro de pensamiento del partido español de extrema derecha Vox, y que convocará a líderes políticos afines a ese pensamiento, entre los que estará presente el Presidente José Antonio Kast, miembro fundador. Y se ha generado un gran debate acerca de la conveniencia de su participación en la cita en la que también estará el Mandatario argentino, Javier Milei.

Al respecto, el director de contenidos del Frente Amplio, Andrés Couble, expuso que "me llama la atención lo que dice el Presidente Kast en el sentido de 'si yo fui en el pasado, por qué no ir ahora'. Bueno, porque ahora es Presidente de la República. Me parece que si no se entiende esa diferencia y se cree que es una señal de coherencia que como Presidente haga todo lo que hacía como candidato eterno o lo que hacía en el pasado, es que el Presidente Kast no logra habitar el cargo. Como Presidente tiene una responsabilidad distinta".

Una visión similar expuso la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, quien afirmó que "los presidentes de la República no es que actúen para caerle bien a todo el mundo, pero asumen una responsabilidad de Estado y por lo mismo se comportan como tales; tienen una visión más grande".

Pese a ser parte del oficialismo, Evópoli también ha cuestionado la participación del Mandatario en esta cita. Y lo reiteró el diputado de ese partido Jorge Guzmán: "Nosotros lo que venimos diciendo hace rato es que hubiésemos preferido la no participación del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid. Es un foro de carácter ideológico, de postura identitaria, posturas que no compartimos y que sentimos que el Jefe de Estado, el máximo representante del país, no debe exponerse finalmente a este tipo de instancias que pueden complejizar la posición de Chile respecto a distintos temas".

La voz disidente en este panel fue la del secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, quien afirmó que "yo valoro que el Presidente Kast participe del foro. Yo creo que si ha participado siempre, me parecería inconsistente que no participara de este. Efectivamente hay que esperar a ver qué es lo que dice el Presidente".

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En un momento en que las relaciones entre Chile y Argentina se han visto tensionadas por los dichos del jefe de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Valverde, quien la semana pasada aludió a la soberanía de su país sobre el Estrecho de Magallanes, y la subsecuente nota de protesta enviada por la Cancillería chilena al país trasandino, se espera que en la cita entre los jefes de estado de ambas naciones del próximo jueves se dé una señal clara al respecto.

En ese sentido, el diputado Eduardo Cretton (UDI) fue enfático en señalar que "lo que yo espero y lo que le vamos a pedir desde la UDI al presidente Javier Milei es que aproveche su venida al país para ratificar sin ningún tipo de ambigüedad la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes".

Sin disentir, el diputado Agustín Romero (Republicanos) recordó que el polémico decreto fue obra de Fernández, con una orientación de izquierda: "Ese decreto no lo firmó el presidente Milei; el que lo firmó fue el presidente Alberto Fernández, que es amigo de la casa de la izquierda".

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, pidió una actitud más dura del Gobierno chileno: "La tardía reacción, la improvisación con un video que graba el canciller en la mitad de la calle, creo que dan cuenta de que estos temas, que son temas de Estado fundamentales, no se toman con la seriedad que corresponde".

En una línea similar, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, alertó sobre las influencias externas en la zona austral: "El tema limítrofe y las palabras que dijo el comandante en jefe aéreo de Argentina son un tema serio, porque es un tema que está latente desde hace mucho tiempo".

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Luego de la entrevista del Presidente José Antonio Kast en Cooperativa, en que el mandatario calificó el nuevo estado de excepción propuesto en la reforma constitucional de seguridad como algo que "no es renunciable", Luis Ruz, presidente del directorio del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, apuntó que "la entrevista al Presidente en este punto en particular refleja el talante de lo que ha sido el Gobierno: de buenas maneras, pero con una forma muy estructurada y cerrada".

Al respecto, Álvaro Pezoa, presidente de Ideas Republicanas, afirmó que "vemos que el flagelo que se quiere combatir va produciendo muertes y heridos todas las semanas. Tiene la convicción el Gobierno de que no se puede seguir haciendo mucho más de lo mismo, porque mucho más de lo mismo está fallando, fracasando, y que se necesitan herramientas jurídicas y administrativas distintas para poder avanzar".

El presidente del directorio del Instituto Igualdad, Ricardo Solari, apuntó sobre la reforma que "algunos podrán discutir en su mérito y estarán en la dirección de que fortalecen las instituciones de la seguridad, que pueden darle fuerza a la lucha contra el crimen organizado, básicamente desarmar redes. Pero luego se incorpora una operación de sentido estrictamente político, se presenta una reforma constitucional con un tejo totalmente pasado que genera un tipo de reacción como la que ha tenido".

Rodrigo Ubilla, director del área política de Libertad y Desarrollo, cuestionó que el nuevo estado de excepción sea el gran obstáculo en esta discusión: "Yo diría que no sé si hay un nudo. Yo lo que veo es el ánimo de que se produzca ese espacio de diálogo. Creo que ese espacio de diálogo tiene que ayudar a reflexionar en primer lugar sobre qué materias son propias de una reforma constitucional". 

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Ante las altas cifras de desempleo, parlamentarios oficialistas apuntaron al sector de la construcción como una posible solución para avanzar en una reactivación del empleo a la espera de resultados a mediano y largo plazo de la megarreforma.

El diputado republicano Luis Sánchez planteó que "tal como dice el ministro Quiroz esto es lento, lamentablemente construir, levantar, mejorar la economía es mucho más complejo y difícil que echarla abajo y eso lo hemos visto en la realidad de cómo ha sido la historia reciente de nuestro país".

El diputado Eduardo Cretton (UDI) añadió que "está claro que tenemos un problema con el tema del empleo, no son buenas noticias las que conocimos hoy día, porque vuelve a subir el desempleo, y yo creo que acá varios concuerdan en que los efectos del proyecto de Reconstrucción Nacional se van a empezar a notar en mediano y largo plazo".

En la oposición, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reflexionó: "Son temas que quisiéramos que pudieran tener una resolución más rápida. Lo que se habló durante la megarreforma y todas esas promesas que se hicieron, que dijimos que no eran efectivas, ahora se corroboran. Es evidente que esto era un proyecto a largo plazo y que no va a implementarse rápido, y en consecuencia las políticas públicas tienen que tomarse pensando en lo que está ocurriendo, en la alta tasa de cesantía que tenemos".

Finalmente, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) aseveró que "se hizo pensar que estas cosas iban a dar resultado inmediato y ahora estamos viendo las consecuencias, porque la economía y el empleo difícilmente se van a levantar rápidamente. Algo van a levantar porque en parte vamos a dar vuelta un ciclo minero que estuvo muy mal, porque las grandes compañías estaban en mantención".

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Economistas de El Primer Café coincidieron este jueves en la necesidad de priorizar la inversión pública en el Presupuesto 2027, debido a su impacto sobre el crecimiento y el empleo, aunque manifestaron diferencias respecto de la política fiscal desarrollada hasta ahora por el Gobierno.

El investigador de Rumbo Colectivo Rodrigo Echecopar manifestó preocupación ante la posibilidad de que las restricciones fiscales terminen concentrando los recortes en inversión pública.

La economista senior de Libertad y Desarrollo Macarena García coincidió en la importancia de proteger la inversión pública, aunque discrepó del diagnóstico de Echecopar respecto de la responsabilidad del actual Gobierno en su menor ejecución.

Desde Chile 21, Luis Eduardo Escobarsostuvo que existe un punto de acuerdo transversal entre García y Echecopar respecto de la relevancia de la inversión estatal.

El economista del Instituto Libertad Gustavo Díaz, por su parte, reconoció que un crecimiento reducido del gasto representa "un desafío importante", pero llamó a complementar el presupuesto con otras herramientas para incentivar la actividad.

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La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, planteó que la oposición debe iniciar una conversación política que vaya más allá de la alianza tradicional "desde el PC a la DC", tras la derrota sufrida por el sector. La exministra afirmó que las colectividades progresistas deben revisar su estrategia y explorar coincidencias con otros actores políticos en torno a la defensa de la democracia liberal, las libertades públicas y los derechos humanos.

Además, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, recomendó al Presidente José Antonio Kast restarse del V Encuentro Regional del Foro Madrid, que se realizará el próximo 3 de septiembre en Santiago. El parlamentario confirmó que su partido no participará en la cita y sostuvo que la presencia del Mandatario podría provocar tensiones políticas dentro del oficialismo.

Por su parte, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, confirmó que su colectividad participará en el encuentro, aunque dijo no tener información sobre una eventual asistencia del Presidente Kast. "Creo que es una buena instancia para que se puedan debatir también ideas en la lógica, efectivamente, de la batalla cultural, que son necesarias", expresó el dirigente.

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Los diputados Agustín Romero (Republicanos) y Ximena Ossandón (RN) defendieron que la reforma constitucional en materia de seguridad permanezca en el Congreso, pese a las críticas transversales que provocó la iniciativa y a las voces que piden al Gobierno retirarla.

Romero afirmó que quitarle la urgencia fue una decisión "lógica y evidente" para buscar acuerdos, pero advirtió que el debate debe desarrollarse públicamente en el Parlamento. "El lugar donde hay que discutirlo es en el Congreso Nacional. Retirar el proyecto no va a hacer que el problema del narcotráfico y el crimen organizado desaparezca", sostuvo el diputado republicano.

Por su parte, la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, también cuestionó aspectos centrales de la reforma. Advirtió que no se puede dejar una Constitución habilitada para que una futura autoridad haga un uso indebido de facultades excepcionales. Pese a ello, la legisladora respaldó que el proyecto continúe su tramitación y valoró la decisión de retirar la suma urgencia.

Desde la oposición, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, rechazó que retirar la iniciativa implique trasladar el debate a una negociación a puertas cerradas. El legislador calificó la reforma como "innecesaria" y "riesgosa para la democracia", y planteó que el Ejecutivo debe concentrarse en una agenda de más de 30 proyectos de ley sobre seguridad.


En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó que los partidos opositores busquen negociar fuera de las instituciones. "Ni cocina ni al golpe avisa, porque de lo que se trata es de un proceso con transparencia total frente a un tema muy sensible y de primer orden", manifestó.

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Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, descartó que el Ejecutivo tenga una orientación autoritaria o iliberal, y sostuvo que la amplitud de la propuesta puede ser interpretada como una táctica para iniciar su negociación en el Congreso. "Yo lo que creo aquí es que el Gobierno, más bien básicamente por cómo se retrotrae, el Gobierno tiró el tejo pasado. Esa es mi impresión", afirmó.

Sebastián Depolo, integrante de Rumbo Colectivo, rechazó la tesis del "tejo pasado" y cuestionó que la seguridad pueda utilizarse como una herramienta de negociación política o legislativa. "Yo no creo en la tesis del tejo pasado, o si hay tejo pasado, lo encuentro de una irresponsabilidad absoluta", respondió.

Luis Ruz, presidente del directorio del Centro Democracia y Comunidad, coincidió en que la discusión debe considerar el equilibrio entre los poderes del Estado y no limitarse a la eficacia o popularidad de las medidas. Según explicó, la propuesta invierte la lógica habitual de los estados de excepción porque "en vez de que el Poder Legislativo autorice primero, acá la propuesta del Gobierno más bien el Presidente actúa y luego el Congreso revisa", sostuvo.

Rodrigo Ubilla, director del área política y sociedad de Libertad y Desarrollo, defendió la necesidad de entregar nuevas herramientas al Estado ante la expansión del crimen organizado, pero llamó a determinar primero qué materias deben quedar en la Constitución y cuáles pueden regularse mediante leyes orgánicas.

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Según el excanciller Ignacio Walker, la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y la acción comunicacional de traslado de reos a Talca marcan la llegada al país de la política al estilo Bukele: "la semana pasada Nayib Bukele hizo su entrada en la política chilena, el plan Cancerbero, con su fanfarria comunicacional, pero sobre todo la reforma constitucional sobre seguridad, corresponden al método Bukele: efectismo comunicacional y una reforma iliberal, que atenta contra aspectos básicos del régimen constitucional y democrático chileno".

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) planteó que "todos tenemos claro que hay que detener el crimen organizado, el terrorismo, los problemas del narcotráfico, si el problema es porqué lado se baja uno del caballo (...) es importante el modelo de contrapesos y esta reforma tiende olímpicamente, por los menos por 240 días, a saltarse al Congreso y al Poder Judicial. Yo prefiero que sea lento, la democracia no es la más rápida, pero a la larga es la mejor, que sea lento pero que haya debido proceso", insistió.

El diputado republicano Luis Sánchez Ossa recalcó que "obviamente este es un proyecto de ley de alto impacto, es un tema muy relevante porque va al nervio de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día, la crisis de inseguridad y muchos de ellos pasan por la interpretación que en tribunales se da de ciertas normas y como eso impacta en lo que todos solemos denominar la 'puerta giratoria' y el garantismo".

Finalmente, el exministro Cristián Monckeberg (RN) lamentó que "la discusión central se la lleve una reforma que a todas luces hay que mejorar, pero yo prefiero la discusión honesta, legítima, en el Congreso, de un proyecto como esto, que me imagino va a tener muchas modificaciones, a no hacer nada o a hacer más de lo mismo".

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Economistas coinciden en que el país no llegará a cumplir las metas de crecimiento esperadas por el Ministerio de Hacienda durante este año, en medio de una recesión técnica por haber llegado a dos trimestres con cifras negativas en esta materia.

El exministro Carlos Ominami planteó que "lo que tenemos aquí en Chile formalmente es una recesión técnica, porque tuvimos un primer trimestre con crecimiento negativo y el dato que hay es un crecimiento levemente negativo también para el segundo trimestre. Esto no hay que sobreinterpretarlo, pero me parece que el dato más inquietante es que la inversión tampoco repunta. El aumento es del orden del 2 por ciento, la confianza empresarial incluso ha disminuido".

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, comentó que "efectivamente el crecimiento para este año es difícil, prácticamente imposible, que llegue al 1,8 como espera Hacienda, porque para que eso pase el segundo semestre tendría que tener un crecimiento cerca del 4 por ciento, que es muy poco probable que se dé".

Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, compartió "la preocupación respecto a la inversión. Uno esperaba que las expectativas hubieran sido mejores, que los números hubieran sido distintos. Hay que ver lo que viene, no sabemos si a lo mejor estaban esperando que se aprobara el proyecto con la rebaja tributaria y ahí tomar decisiones de inversión, puede ser, vamos a verlo en el futuro, pero eso es lo que me parece más preocupante y ojalá que cambie".

Rodrigo Wagner, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostuvo que "estamos en una inesperada crisis de expectativas, todos los indicadores de expectativas salieron bajos y se está contagiando con las expectativas empresariales. Hay una preocupación mayor, no es extrema, pero es importante (...) debiéramos converger a crecer en algo así como un 2 y tanto por ciento".

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El diputado y vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, advirtió que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno no tiene viabilidad en sus actuales condiciones, debido a las atribuciones que entrega al Presidente de la República y a la ausencia de control del Congreso durante su aplicación. "Yo creo abiertamente, y lo digo con total responsabilidad, que el proyecto en las condiciones que hoy día ha sido presentado no tiene ni una posibilidad de convertirse en ley y ser reforma constitucional", sostuvo el parlamentario oficialista.

El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, respaldó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y aseguró que el texto presentado recogió parte de las aprensiones manifestadas por su partido ante el borrador inicial. Sin embargo, reconoció que la propuesta deberá ser discutida y modificada para conseguir los votos requeridos.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, sostuvo que la controversia no enfrenta a quienes defienden la seguridad con quienes buscan mantener la situación actual, sino que plantea una discusión sobre los límites democráticos del poder presidencial. "El debate que el gobierno nos ha propuesto es un debate entre democracia y autoritarismo. Y eso es", afirmó.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, acusó al Ejecutivo de promover una herramienta que podría utilizarse contra sectores opositores y puso en duda su eficacia para enfrentar la crisis de seguridad. Couble también cuestionó la ausencia de control parlamentario y planteó que una situación extraordinaria podría ser discutida rápidamente por el Congreso.

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El diputado socialista Raúl Leiva acusó al Gobierno de impulsar una discusión que "vuelve a polarizar al país" mediante la reforma constitucional de seguridad ingresada al Senado, que contempla un nuevo estado de excepción, inhabilidades para condenados y regímenes penitenciarios diferenciados.

"Creo que lo que se hace es polarizar y profundizar una discusión", afirmó Leiva, quien agregó que la propuesta abre un debate "que vuelve a polarizar al país y pone o enfrenta a los buenos y a los malos, como se pretende hacer". El legislador llamó al Ejecutivo a abordar la delincuencia con una mirada transversal y recordó que la creación del Ministerio de Seguridad Pública buscó instalar esta materia como una política de Estado.

El diputado republicano Agustín Romero rechazó las críticas y defendió la necesidad de modificar la Constitución para enfrentar la realidad actual de la delincuencia. "A ese hay que combatirlo con toda la fuerza que se pueda. Y si es necesario modificar la Constitución, bueno, tendremos que modificarla", enfatizó.

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo aseguró que varias de las críticas formuladas contra el primer borrador fueron recogidas por el Ejecutivo antes del ingreso de la reforma. "A todos nos hubiese gustado que hubiese un mejor trabajo prelegislativo, pero tanto la intervención de Andrea Balladares como la intervención de Guillermo Ramírez son anteriores a las modificaciones que el Gobierno introdujo al proyecto", explicó.

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El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, advirtió que la reforma constitucional sobre seguridad puede terminar jugando en contra del Gobierno, debido a que algunas de las medidas conocidas contemplan inhabilidades, nuevas facultades y restricciones de derechos.

Arqueros sostuvo que comparte los reparos planteados por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien advirtió que, en las condiciones conocidas hasta ahora, su partido no puede respaldar las modificaciones porque debilitan la institucionalidad.

Un planteamiento más cauteloso expresó Álvaro Pezoa, presidente del directorio de Ideas Republicanas, quien llamó a esperar el ingreso formal de la reforma antes de evaluar sus disposiciones.

Pezoa sostuvo que modificar la Constitución no constituye por sí mismo un problema, siempre que las medidas propuestas tengan una justificación y permitan combatir de mejor manera al crimen organizado.

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El diputado republicano Luis Sánchez defendió en El Primer Café el vistoso despliegue comunicacional adoptado por el Gobierno el jueves durante en el traslado de reos peligrosos a la nueva cárcel de Talca, en el marco del denominado "Plan Cancerbero".

"Yo no lo encuentro para nada exagerado. Esto es una señal no sólo para la ciudadanía -que sin duda es muy importante (darla)- sino también para el crimen organizado", dijo Sánchez

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre señaló que el epílogo de la megarreforma tributaria del Gobierno de José Antonio Kast, disputado una vez finalizada la fase de su tramitación regular en el Congreso, fue "correcto" y "apropiado desde la lógica económica".

Aunque el militante PPD mantiene su visión mayormente crítica sobre la iniciativa, valoró que el Tribunal Constitucional haya acotado la aplicación de la invariabilidad tributaria, haya dejado sin efecto la indemnización a inversionistas por resoluciones de calificación ambiental revocadas, y que el Gobierno repusiera, vía veto presidencial al Congreso, la norma sobre anatocismo.

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El economista Alejandro Micco señaló que las medidas proteccionistas impulsadas por Donald Trump están configurando un escenario global que recuerda en alguna medida a la Guerra Fría, y que es probable que permanezca incluso cuando él ya esté fuera de la Casa Blanca.

El académico de la Universidad de Chile comentó los dichos del embajador de China, Niu Qingbao, quien -aludiendo a Estados Unidos- llamó a Chile a "resistir con firmeza" las injerencias externas que intentan "limitar o debilitar la cooperación" y el comercio.

El economista Gustavo Díaz, del Instituto Libertad, opinó que "la globalización es una tendencia que ya está instalada y es muy difícil echar marcha atrás, pero sí va a haber ajustes. La globalización nos pasó por el lado muy rápido y no estuvimos preparados para tomar mecanismos que pudieran canalizar las distintas fuerzas que se fueron generando. Y desde esa perspectiva resurgen estos sentimientos proteccionistas", indicó.

"Aquí lo engancho con la invariabilidad tributaria: a mí no me extrañaría que de aquí a poco andar viéramos otros países tomando medidas como nosotros acá en Chile", dada la necesidad de "eliminar la discrecionalidad y generar condiciones para que los inversionistas puedan saber bajo qué reglas van a tributar durante la vida de los proyectos", señaló Díaz.

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Los secretarios generales del Frente Amplio, Andrés Couble, y del Partido Republicano, Vicente Bruna, sostuvieron un rudo debate a propósito de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

Couble abrió los fuegos señalando que el FA reconoce a la seguridad pública como "una de las principales urgencias ciudadanas", pero se quejó de que, en la discusión de medidas particulares, la derecha suele imputarle una "defensa de los delincuentes y del crimen organizado", lo que estimó "un poco ridículo y una simplificación del debate".

"Me parece complejo que no estén disponibles a cortarles derechos a delincuentes, a criminales", respondió Vicente Bruna. "En Chile la realidad actual implica que el crimen organizado tortura personas, descuartiza personas, aparecen personas en contenedores bajo tierra... ¿Cómo es posible que el Frente Amplio pretenda que se mantengan esos derechos sociales a personas como ellos, si son criminales?", se preguntó.


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El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, manifestó su disposición a "contribuir y ser propositivos" en la discusión por la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo del Gobierno. Sin embargo, Soto señaló que "eso no significa que hay que ser ingenuos y que hay que confiar en el Gobierno, porque ya varias veces ha intentado pasar gato por liebre. Por lo tanto, tenemos que estar también vigilantes respecto del detalle de los proyectos".

En la misma línea, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, apuntó que "estamos hablando en base a supuestos, porque nadie conoce el texto" concreto, pese a que el lunes se realizó la ceremonia pública encabezada por el Presidente Kast. Por tal motivo, dijo, "Raúl Soto tiene razón: no sabemos si este inciso primero es lo que se dice (en la prensa) y después viene un caballo de Troya".

El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, afirmó que "esta discusión es extremadamente importante" y la oposición tiene algunas aprensiones que hay que considerar, como lo planteado por Soto respecto a la sanción mediante derechos sociales.

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El exministro Ricardo Solari opinó en El Primer Café que el Presidente José Antonio Kast "se está poniendo el parche antes de la herida" al cuestionar la validez de las cifras de reducción de pobreza indicadas por la encuesta Casen. "Él piensa y seguramente cree que, eventualmente, si se hiciera una medición pronta, los datos no serían tan buenos (para él)", señaló.

Luis Ruz, presidente del centro Democracia y Comunidad, complementó señalando que "si uno va a la evolución de los datos se da cuenta de que la pobreza en Chile, en general, viene retrocediendo, salvo el periodo de la pandemia y lo que hubo después. El problema está más bien en cómo se han generado, en paralelo, ciertas condiciones de desigualdad comparadas con lo que hicimos (previamente), pero la Casen muestra que la pobreza viene bajando".

El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla presagió "un camino auspicioso" para la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno. Eso sí, Ubilla señaló como un punto "sensible" la creación de un estado de excepción constitucional nuevo, en espacios territoriales acotados, con foco en la seguridad pública, donde las Fuerzas Armadas "puedan actuar directamente sobre la población civil". En este aspecto, advirtió, el desafío principal es "dibujar muy claro cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el barrio o comuna".

Y el director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, alertó sobre la normalización de los suicidios en Chile, en medio de la virtual indiferencia de la clase política, los medios de comunicación y los propios ciudadanos.  Arqueros lo describió como "un fenómeno silencioso, pero cotidiano", que "no ha sido parte de la agenda de ningún Gobierno".

El Primer Café, con Cecilia Rovaretti.

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El anuncio de una reforma constitucional en materia de seguridad, incluido en la agenda ACOT que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast, generó dudas en el panel de El Primer Café de Cooperativa.

El abogado Jorge Correa Sutil comentó que "el anuncio fue muy sorprendente" porque "el artículo primero de la Constitución dice que es deber del Estado dar protección a la población. Es exactamente lo mismo. Entonces el Presidente anuncia que por primera vez va a ocurrir lo que ya ocurre. Ahí hay un error manifiesto en el discurso presidencial que deja muchas dudas de por qué dice algo como eso".

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien participa en la Comisión de Constitución, coincidió en relativizar la necesidad de una reforma constitucional y puso el foco en la agenda legislativa de seguridad. "Yo creo efectivamente que esto está contenido, tal vez no sé si específicamente en lo que diga relación con grupos terroristas, pero creo que el derecho está salvaguardado ya en la Constitución. Pero sí a la agenda de seguridad en general le tengo mucha fe", señaló.

Nicolás Eyzaguirre, exministro de Segpres en el Gobierno de Michelle Bachelet, cuestionó el anuncio en duros términos, enmarcándolo dentro de un patrón que atribuyó al gobierno. "Este gobierno peca de una suerte de grandiosidad ideológica. Como en este caso la reforma constitucional para proteger la seguridad de las personas cuando, como muy bien lo dice Jorge, ya está en la Constitución", comentó.

El exsenador Ignacio Walker, por su parte, coincidió en que el énfasis debiera estar en la ley, los reglamentos y la gestión, y valoró que la agenda de seguridad busque acuerdos entre gobierno y oposición "para hacer frente a este realmente flagelo que está viviendo la población".

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Raphael Bergoeing, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuestionó la etiqueta de megarreforma que se le puso al proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo. Para el economista, el proyecto es una respuesta a la crisis, pero no una transformación de la matriz económica nacional: "Es un proyecto que se hace cargo de necesidades imperiosas, urgentes, que tienen que ver con recuperar el crecimiento, pero no es una megarreforma en cuanto a que haga cambios tan radicales en lo estructural".

Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, enfatizó que el país sigue atrapado en reformas previas que no han dado resultados y que el clima político actual impide abordar estas deudas pendientes: "Yo estoy de acuerdo con Raphael que falta el tema de reforma del Estado, falta el tema laboral, falta el tema de educación... lo que necesitamos entonces es recuperar un país en que sean posibles los consensos más amplios".

Por su parte, Rodrigo Wagner, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, sumó una nota de escepticismo sobre el impacto real de la actividad que generará la reforma y sugirió que las proyecciones oficiales podrían estar sobreestimadas. "Esta reforma algo va a generar más de actividad, pero bastante menos de lo que están los cálculos del informe regulatorio".

Y Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo, le dio una mirada más política a la forma en que se aprobó la megarreforma con escaso margen en la discusión parlamentaria: "Fue una discusión que se enfocó exclusivamente en las materias en donde teníamos más desacuerdo, cuando podría haber habido una construcción de un espacio de diálogo más amplio que realmente permitiera abordar con políticas públicas que dieran certeza, estabilidad y proyección de largo plazo a mecanismos de crecimiento para el país".

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Un intenso cruce de opiniones se produjo este miércoles en El Primer Café de Cooperativa, a causa de la forma en que reaccionó el Presidente José Antonio Kast a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la absolución del teniente en retiro de Carabineros Claudio Crespo pese a que se acreditó que fue un disparo suyo el que dejó ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, afirmó que "con el tuit del Presidente Kast se rompe una tradición republicana: que los Presidentes de la República no comentan las sentencias judiciales. Los presidentes de la República, además, representan al país en su conjunto. Aquí el Presidente no puede ignorar que hay una parte de la ciudadanía que obviamente se distancia de esta decisión, que hay una parte de ciudadanos que con dolor ven esta decisión".

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo reconoció que "la situación del diputado Gatica es un drama humano que uno tiene que respetar y entender. Respecto a las declaraciones del Presidente, yo no coincido con Alejandra. Es distinto que los presidentes opinen respecto de causas en proceso, pero cuando hay una sentencia firme ya dada en la última instancia, me parece que el Presidente perfectamente puede dar una opinión que es además una opinión de respaldo a Carabineros".

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, planteó que "lo que le ha tocado vivir (a Gustavo Gatica) es muy duro, tanto por quedar ciego luego de asistir a una manifestación como todo este proceso judicial donde efectivamente, como él mismo señala, se acredita una verdad, que es que Claudio Crespo fue quien disparó y quien lo dejó ciego, pero lamentablemente no encuentra justicia. Me parece que las palabras del Presidente Kast son totalmente inadecuadas y bastante indolentes", añadió.

A su vez, Eduardo Cretton, diputado y vicepresidente de la UDI, cambió el tono del debate al emplazar a Couble: "La memoria es bien frágil porque él está criticando al Presidente Kast por querer indultar carabineros y se le olvida que en su gobierno (del Presidente Gabriel Boric) se indultaron delincuentes. Yo creo que es mucho mejor indultar a un carabinero que defendió la democracia durante el estallido que indultar a personas condenadas y que son delincuentes".

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Tras la reunión que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo el lunes con los presidentes de los partidos de oposición, donde se presentaron las propuestas de los alcaldes de esos partidos para las compensaciones al Fondo Común Municipal, la senadora Paulina Vodanovic rechazó que el ministro Alvarado planteara que hubo "una actitud lamentable de la oposición" y acusara que se busca "torpedear" el proyecto.

"Creo que esas palabras no se condicen con el tono de la reunión ni con la conducta que nosotros mostramos de ser firmes en lo que es una posición de política pública respecto de la redistribución, de que no todo Chile termine trabajando para los vecinos del distrito 11 (sector oriente de Santiago). Nosotros en ningún momento fuimos a decir que vamos a obstaculizar, pero así como el ministro del Interior señala que se necesitan dos para dialogar, lo mismo le digo yo", expuso la también presidenta del Partido Socialista.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, agregó que "cuando se reúnen personas la expectativa es que esto podría ser un pequeño movimiento que ayude a crear mejores condiciones para mejorar todas las inequidades que tiene la legislación vigente. La gente se abre a una posibilidad, pero no hay ni una disposición, con buena letra, con buen tono. Desde el punto de vista de los contenidos, se mostró una posición inamovible absolutamente a todas las peticiones".

Por su parte, el diputado Agustín Romero (Republicanos) ironizó con el conflicto al exponer la firma por parte de municipios a favor de la solución presentada por el Ejecutivo: "Son 162 que están a favor de las compensaciones, comunas ricas como Talca, como Linares, Rengo, veo aquí Sagrada Familia. Yo voy a desdramatizar este tema. Hoy día tienen la responsabilidad los senadores de si quieren o no quieren compensación, y punto. La reforma está aprobada en su gran mayoría. Si quieren compensación, bien. Si no quieren compensación, también bien".

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) reforzó lo planteado por Romero: "El proyecto está prácticamente cerrado, los temas ya están avanzados. Invariabilidad tributaria, a mí me hubiese gustado que por ejemplo el Partido Socialista, el PPD votaran a favor de su propuesta, que fue la que acordó el gobierno en invariabilidad tributaria. Y en esto de las compensaciones, yo creo y ahí comparto lo que dice el ministro Alvarado: yo creo que se percibe cierto aroma a obstruir, a complicar, a atentar contra un proyecto que tiene que avanzar".

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Álvaro Pezoa, presidente de Ideas Republicanas, centro de estudios vinculado al Partido Republicano, reconoció que la colectividad por la que fue elegido Kast para asumir la Presidencia "ha llegado al gobierno en solo cinco años de vida y, por momentos, a algunos de sus miembros los domina una excesiva ansiedad. Falta un poco de asentamiento y de madurez para acompañar al Presidente con menos ruidos en los medios. Hay una cierta impaciencia e inmadurez de entender que ya no se es partido de oposición, sino que se es partido de gobierno".

Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, centro de estudios de la Democracia Cristiana, planteó que "las derechas tienen un problema de definición, no solamente práctico respecto de la agenda de gobierno, sino también sobre el tipo de sociedad que quieren representar. Comparten un adversario, que es la centroizquierda o la izquierda, pero no comparten un proyecto de sociedad".

Rodrigo Ubilla, director del área política del instituto Libertad y Desarrollo, cercano a Renovación Nacional, defendió la postura de la timonel de dicho partido ante la polémica levantada en torno a Codelco: "Yo creo que Andrea Balladares lo dice claramente: ese no es el eje de este gobierno. El eje del gobierno está en los temas que conocemos y en mejorar la situación. Aquí no es que no tengamos una visión; hay un acuerdo de todos los partidos que apoyan al gobierno del Presidente Kast en función de una agenda que él definió para la segunda vuelta: ahí es donde está el esfuerzo".

Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad, vinculado al Partido Socialista, apuntó a que todas estas descoordinaciones han generado la caída sostenida de la aprobación del Gobierno en las encuestas: "Si uno toma las tres encuestas de ayer y las promedia, ejercicio que se hace habitualmente, la desaprobación está en 58 por ciento y la aprobación en 32 por ciento. Para esto una de las razones es que ha habido una tremenda promesa. Había la promesa de que las cosas iban a cambiar.

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